Santo Domingo.– La República Dominicana cuenta desde ahora con un nuevo marco legal para regular las compras y contrataciones del Estado, tras la entrada en vigencia de la nueva Ley de Contrataciones Públicas, promulgada por el presidente Luis Abinader.
La normativa deroga la legislación aprobada en 2006 y marca un giro contundente en la lucha contra la corrupción administrativa, al endurecer las sanciones penales contra funcionarios, legisladores, empresarios y contratistas que incurran en irregularidades durante los procesos de contratación pública.
Prisión para funcionarios y proveedores que violen la ley
Entre los principales cambios, la nueva legislación establece penas de dos a cinco años de prisión para los servidores públicos que participen en contratos prohibidos, manipulen procesos o utilicen su cargo para favorecer intereses particulares.
Asimismo, contempla condenas de hasta 10 años de cárcel para empresarios o proveedores que ofrezcan sobornos con el fin de obtener ventajas indebidas en licitaciones o adjudicaciones estatales.
La ley también tipifica como delitos graves prácticas como la falsificación de documentos, el tráfico de influencias y la fragmentación de contratos para evadir controles y procesos competitivos.
Compras públicas totalmente digitales y bajo control
La normativa dispone el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas y de la Tienda Virtual del Estado, donde deberán registrarse todas las etapas del proceso, desde la convocatoria hasta la ejecución del contrato.
Cualquier compra realizada fuera de estas plataformas carecerá de validez legal y podrá generar sanciones administrativas y penales, según establece el nuevo régimen.
Un giro decisivo contra la corrupción
Con esta reforma, el Gobierno busca cerrar espacios a las malas prácticas, fortalecer la transparencia, garantizar la trazabilidad del gasto público y reforzar la institucionalidad del Estado.
La entrada en vigencia de esta ley representa un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción, al convertir en delitos penales conductas que durante años debilitaron el sistema de contrataciones públicas.
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